En el espacio de la entrevista “El Salvador Ahora”, de canal 10, el subsecretario técnico y de planificación de la presidencia, Alberto Enríquez, junto con la magistrada de la Sala de los Contencioso Administrativo, Dafne Sánchez, abordaron las ventajas que El Salvador tendrá a partir de la aprobación de la Ley de Procedimientos Administrativos.

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Procedimientos Administrativos que crea un ordenamiento jurídico que regula la actividad de la Administración Pública del Estado salvadoreño. La normativa cuenta con 168 artículos, además, permite agilizar trámites y procedimientos administrativos mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación para “simplificar sus actuaciones y optimizar sus recursos”. La normativa fue aprobada por 71 votos lo que representa la unanimidad de los diputados presentes en la plenaria del 15 de diciembre.

“Esto no fue un esfuerzo solo del gobierno, esta ha sido una iniciativa del presidente de la República, que por cierto fue presentada a través del Ministro de Economía, pero esto es una pieza de la estrategia y el proceso de transformación del Estado que venimos empujando. Y cuando hablamos de transformación del Estado y no solo del Ejecutivo, hablamos también de trabajar en conjunto con otros órganos del Estado, en este caso, con la Corte Suprema de Justicia y en particular, con la Sala de lo Contencioso Administrativo. El trabajo de esta ley se ha hecho de manera conjunta. Esta es una ley que tiene 24 años de estar dando vuelta, de estarse procesando, de intentar que se aprobara, desde 1994 y es ahora, pues, finalmente, que es aprobada. Pero, nosotros si estamos muy contentos”, dijo el subsecretario de planificación.

La magistrada Dafne Sánchez explicó que “en la región, solo Nicaragua y nosotros estábamos pendientes con esta tarea (…) Entonces, en esta ley se dice expresamente lo que ya dice la Constitución, pero ya se traslada a una norma más accesible a la población y a los funcionarios (…) Y quiero aclarar en este momento, algo que ya Alberto mencionó y es que esta ley se aplica a todo el Órgano Ejecutivo, presidente, vicepresidente de la república, ministerios, dependencias de los ministerios, a todas las instituciones oficiales autónomas, a todas las municipalidades del país. Incluso, al Órgano Legislativo y Judicial, en cuanto ejercen función administrativa”.

Además, aseguró que para la aplicación y difusión de la normativa “necesitamos una labor consciente y fuerte tanto por parte del gobierno como por parte de las municipalidades y por supuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo también que tendrá que dar su aporte en este camino porque es una tarea de todos. La ley entrará en vigencia 12 meses después de su publicación en El Diario Oficial. Podríamos estar pensando que podría ser enero, febrero de 2019. Tenemos prácticamente un año, para esta labor de formación y de concientización”.

A lo que el subsecretario Enríquez agregó que es entonces “el deber del órgano Ejecutivo, el deber del Estado  generar los mecanismos que faciliten que la gente entienda de qué se trata esta ley, vamos a tener que hacer una estrategia de comunicación y explicación de la ley”.

De lo que se trata también es de compatibilizar las herramientas de esta nueva Ley de Procedimientos Administrativos con otras que ya están vigentes y para eso los diputados aprobaron “recientemente también la Asamblea Legislativa una ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativa que entrara en vigencia el 31 de enero (de 2018) (…) se complementan ambas leyes. Y con esa nueva ley, con esa reforma se crean otros tribunales que van a conocer en esta materia ya no solo será la sala de lo contencioso administrativo, habrá dos tribunales para la zona central que estarán en Santa Tecla; uno en la zona occidental que es Santa Ana y otro en San Miguel. Esto quiere decir, que la justicia se ha acercado también a los ciudadanos”, recalcó la magistrada Sánchez.

Todo esto se conecta con el trabajo de la transformación del Estado que la Secretaría Técnica y de Planificación ha puesto en marcha. “Yo quiero decir que esto conecta perfectamente es una pieza, esta es una pieza de modernización es una pieza de transformación del Estado y que nosotros hemos definido un proceso de transformación del Estado (…) por eso, también nosotros creemos que hay que avanzar en la transformaciones de los servidores y las servidoras públicas, el anteproyecto de ley que acabamos de presentar de la Ley del Servicio Público apunta directamente a eso a sustituir la vieja Ley del Servicio Civil que es de los años 60 y en El Salvador algo ha cambiado creo yo, de los años 60 a este 2017; entonces tenemos que cambiar las reglas del juego y queremos instalar el mérito y la competencia como la tarjeta de entrada al Estado a los puestos de gobierno, a los puestos en la Asamblea Legislativa, a los puestos y a las plazas en la Corte Suprema, etc. Toda plaza en la administración pública debe ser llenada en base a competencia, en base a mérito”, aseguró Alberto Enríquez.