El director general de Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, Carlos Sáenz; el representante de la Unión Europea, Pierre- Yves Baulain; así como los representantes de la CEPAL, de organismos de cooperación, y representantes de organizaciones de sociedad civil, inauguraron el Segundo Foro Internacional “Aportes hacia la construcción de una agenda nacional para el desarrollo y la protección social: “La Agenda para el desarrollo social: un compromiso de todos y todas”.

En abril de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la Ley de Desarrollo y Protección Social, en un caso emblemático de consenso y acuerdo amplio en torno a una agenda de interés nacional. La Ley estableció el marco legal para el desarrollo humano, la protección e inclusión social, buscando promover, proteger y definir acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.

Este precedente permite planear una agenda para la consolidación de la política social con miras de alcance amplio y brindar señales alentadoras acerca del interés de las distintas fuerzas políticas en el avance del sector social y de protección.

“Desde el primer Foro tuvimos participación de los equipos de campaña de todos los partidos contendientes y se les ha convocado también en esta oportunidad”, agregó Sáenz. Y además afirmó que desde el Gobierno se espera que este documento, que no es un documento publicitario ni de propaganda, sino el resultado de un proceso donde han participado amplios sectores, sea utilizado para incidir desde la sociedad en los posicionamientos, en las propuestas y en los compromisos y en las ofertas de campaña que están trasladando cada vez con más claridad los candidatos.

El Salvador ha realizado durante los últimos quince años una serie de intervenciones en claramente dirigidas a reducir el número de personas que viven en situación de pobreza extrema y las brechas de desigualdad en su población.

Sobre esto, Carlos Sáenz puntualizó que, “se tiene  que consolidar  una concepción de la política social que debe partir de un enfoque de derechos humanos, relacionado con el bienestar de todos y de todas. La política social no es una política para los pobres, la política social debe de ser universal. Por supuesto, también tiene que abordar la pobreza, pero de igual manera las desigualdades”.

Con este tipo de espacios se puede contar con una importante experiencia en cuanto a la identificación de las intervenciones públicas que más contribuyeron a esos logros y posibles mejoras para obtener resultados aún más favorables.

Ya que según el director general de Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional, para poder resolver los problemas de la ciudadanía es necesario construir un conjunto de programas de intervenciones concretas que resuelvan  los problemas de las juventudes  y de las mujeres, basado en lo que ya se ha estado haciendo, pero profundizándolo, ampliando su cobertura y la calidad de las intervenciones.

La política social implementada en El Salvador, especialmente a partir del 2009, ha sido un instrumento para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente, segura y solidaria, enfocada en la garantía de derechos humanos fundamentales.  Desde la aprobación de la ley de Desarrollo, protección e inclusión social, el Plan Quinquenal y el Plan de Desarrollo Social, han sido formulados y ejecutados bajo el enfoque de derechos y por ende centrados en la persona, como centro de todas las políticas sociales.

Uno de los desafíos actuales es generar un diálogo nacional en el que participen diferentes actores de la sociedad para establecer acuerdos mínimos de una agenda social con visión de país y que sean insumos para insertarse en los planes nacionales con acciones de corto, mediano y largo plazo, teniendo como horizonte el 2030; y que además, oriente las discusiones sobre la política social en el escenario electoral que se configura hacia febrero del próximo año, desde un marco compartido.

Este debate deberá fortalecer la institucionalidad de la política social para asumir los desafíos de los próximos años y alcanzar los objetivos y los compromisos nacionales asumidos con la adhesión de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Protocolo de San Salvador.

El reto es lograr un balance para garantizar la sostenibilidad fiscal de las medidas y las restricciones financieras; así como la articulación de la cooperación internacional a las prioridades de país; sin embargo, no deben ser un argumento para limitar el avance en el bienestar de la población, sobre todo porque el desarrollo tiene un costo, pero el subdesarrollo tiene un precio aún más alto, que pagan los más desfavorecidos en el actual ordenamiento.

Tal como lo indica CEPAL la desigualdad también frena el crecimiento y el desarrollo para la sociedad y en su conjunto la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ésta supone en materia social un compromiso de largo plazo que supera los ciclos político-electorales en el combate a la pobreza y la desigualdad. También implica hacer el mayor esfuerzo posible para ampliar progresivamente y universalizar el acceso a una nutrición adecuada, a servicios básicos y de saneamiento, a la protección social, así como a una educación y salud de calidad. Junto a la agenda global, la región también está avanzando en construir una Agenda de Desarrollo Social Inclusiva, como ha sido recientemente avalado en la Segunda Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en Panamá y refrendada por el Sistema de Integración Social Centroamericano. Es a la luz de estos compromisos que se debe mirar el camino recorrido para establecer lo logrado, pero sobre todo, hacia el futuro por encima de las diferencias naturales de las agendas políticas.

 

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