En la entrevista El Salvador Ahora, de Canal 10, el subsecretario técnico y de planificación de la Presidencia, Alberto Enríquez, junto con el director de relaciones laborales en el gobierno de la Secretaría Técnica y Planificación, Danilo Flores, hablaron sobre el anteproyecto de la Ley del Servicio Público, que actualmente se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa.

“Yo creo que los resultados de las elecciones en este 4 de marzo han sido muy claros y muy fuertes. Bueno, ya el presidente hizo anuncios de primeras respuestas a esta lectura que hemos hecho (…). Entonces, el problema no son las prioridades, el problema es cómo estamos caminando para alcanzar las metas que nos propusimos. La gente lo que nos está diciendo es ‘no son suficientes los avances, hay cosas que están haciendo mal’”, reconoció el subsecretario.

Es así como considera que esta propuesta de ley del servicio público vendría abonar sustancialmente a la mejora de los servicios que el Estado presta, “y recoge algo que nosotros hemos reiterado mucho, la ciudadanía tiene derecho a un buen servicio público, a una buena administración pública, no es opcional; el servicio público es para eso, por eso lo queremos reivindicar. Nosotros subrayamos mucho la palabra servicio, porque creemos que esto es lo que se perdió”, dijo.

Ante el panorama nacional y el relevo que se aproxima en el Congreso, para Alberto Enríquez “lo ideal es que una ley como está se apruebe por unanimidad en la Asamblea Legislativa, que sea un acuerdo de todas las fuerzas políticas, yo creo que esto es fundamental (…). Nosotros lo que le estaríamos pidiendo a los diputados y diputadas de todos los partidos es que efectivamente se abra un buen análisis, se abran las consultas pertinentes que siempre hace la Asamblea Legislativa, hay que escuchar todas las voces, hay que escuchar las propuestas, pero tampoco puede ser una consulta eterna. Entonces, que en un tiempo prudencial, pero relativamente rápido, esta ley sea aprobada, porque con eso estaríamos dando inicio a una reforma de la administración pública”.

Por su parte, Danilo Flores recalcó que esta normativa le daría un giro de 360 grados a la gestión pública, “por poner un ejemplo, se regula de manera expresa la prohibición de las prácticas de nepotismo; dentro del catálogo de faltas que introduce la ley está también sancionado como una falta muy grave el que se hayan incumplido todos los procedimiento para el ingreso a la administración pública (…). Eso también motiva al personal, le da motivo de pertenencia a la administración pública y que pueda sentirse también orgulloso y que son reconocidas sus habilidades, sus competencias, su trayectoria y experiencia. Eso son elementos sustantivos para poder ir transformando el funcionamiento que debe tener el servicio público, que al final se traduzca en brindarle mejores servicios a la gente”.

Por otra parte, si bien es cierto garantiza los derechos laborales de los trabajadores, hay sectores que se oponen a su aprobación. “Hay algunas personas que se oponen a ley, hay algunos dirigentes sindicales que se oponen; nosotros respetamos todos los puntos de vista distintos, pero lo que sí exigimos son argumentos. En algunos casos, es porque lo desconocen, en otros casos lo conocen y nosotros no terminamos de entender, pero afirmar que si esta ley se aprueba al día siguiente se van a despedir 44 mil funcionarios públicos no solo es una falsedad, es una irresponsabilidad”, aseguró el subsecretario de planificación.

“La propuesta dice que los escalafones deben de ser respetados, o sea, no se van a afectar los escalafones. Lo que sí se plantea es que debe desarrollarse una política salarial. Ahí están todas las herramientas para poder subsanar ese enorme vacío que ha existido en la administración pública”, detalló el director de SETEPLAN.

“La ley lo que está haciendo es que te está estableciendo nuevas reglas de juego, pero parten del respeto absoluto a los derechos adquiridos de todos los que están en el Estado, yo creo que eso hay que subrayarlo. Pero, lo segundo, es que efectivamente se va a empezar a incrementar la exigencia en el desempeño, algo que no tenemos ahora en el Estado salvadoreño a estas alturas, son verdaderos sistemas de evaluación del desempeño”, señaló Alberto Enríquez.

Finalmente, hizo una propuesta: “Me atrevo a proponer aquí públicamente que valdría la pena considerar en el caso de El Salvador introducir una reforma constitucional, introducir el derecho ciudadano a la buena administración pública, a la Constitución de la República y los principios fundamentales que la deben regir. A mi juicio esto enriquecería la Constitución”.