Los diputados de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa convocaron a una reunión de trabajo al subsecretario técnico y de planificación de la presidencia, Alberto Enríquez, quien fue acompañado por el director de fortalecimiento institucional de la Secretaría Técnica y de Planificación, Víctor Iraheta. El propósito de la sesión era dar seguimiento a las acciones que realiza el Órgano Ejecutivo para la implementación de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Con la misma finalidad también fue invitada la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Dafne Sánchez, pues el trabajo de divulgación debe hacerse en coordinación con el Órgano Judicial para la entrada en vigencia de la normativa. Dicha normativa busca que las entidades públicas brinden un servicio eficiente a la ciudanía.

“Estamos preparándonos para la entrada en vigencia de la Ley de procedimientos administrativos, sin embargo, para nosotros esto no es una pieza suelta, estamos convencidos que el Estado salvadoreño tiene que sufrir transformaciones”, dijo Alberto Enríquez.

“Para nosotros, aseguró, es fundamental transformar la administración pública y por eso hemos impulsado diferentes esfuerzos, como el anteproyecto de Ley del servicio público, la simplificación de trámites, la mejora regulatoria, la Escuela Nacional de Formación Pública, ENAFOP”.

Por su parte Víctor Iraheta explicó que dentro de los esfuerzo se está trabajando en viabilizar la plataforma de interoperabilidad, que la Ley hace obligatoria, y permitirá el intercambio de información y las consultas de los datos entre instituciones para propiciar la agilización de trámites y servicios, reducción de costos y tiempo al ciudadano.

La diputada Margarita Escobar (ARENA), como presidenta de la Comisión de Economía, externó el compromiso para indagar sobre la disponibilidad de recursos para dar continuidad a la capacitación sobre la ley a funcionarios públicos; así como buscar la coordinación con la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) y la presidencia de la Asamblea Legislativa, a fin de compartir e intercambiar información sobre el contenido de la normativa en cuestión.

El Subsecretario reconoció ante los diputados el interés de la Asamblea Legislativa para hacer avanzar en el esfuerzo que conlleva la participación de los tres órganos del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a fin de garantizar el cumplimiento de la ley, la cual fue aprobada por decreto legislativo el 15 de diciembre del año 2017, y entrará en vigencia el 13 de febrero del 2019.

Mientras que la magistrada Sánchez puso énfasis en la necesidad del proceso de capacitación a empleados y funcionarios, y la divulgación del contenido de la ley hacia la población en general, a fin de alcanzar la implementación adecuada de la misma e insistió en fortalecer los esfuerzos conjuntos entre las instituciones.

Con la entrada en vigencia de la nueva herramienta jurídica el Estado salvadoreño busca su transformación en dos ejes; el primero, dirigido a la reforma organizativa y el segundo, a la transformación y modernización de la administración pública que implica la capacitación a funcionarios sobre el contenido de la ley, revisión y adecuación de diferentes marcos legales, modernización, innovación y simplificación administrativa.

Ámbito de Aplicación

Según establece el artículo 2 de la Ley de Procedimientos Administrativos, estarán sujetos a las disposiciones de la normativa el Órgano Ejecutivo y sus dependencias, las entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter especial; y a las municipalidades, en cuanto a los actos administrativos definitivos o de trámite que emitan.

Asimismo, se aplicará al Órgano Legislativo y Judicial, a la Corte de Cuentas de la República, a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Fiscalía General de la República, al Consejo Superior de Salud Pública, al Tribunal Supremo Electoral y, en general, a cualquier institución de carácter público, cuando excepcionalmente ejerza potestades sujetas al derecho administrativo. Esta ley será aplicable a los concesionarios de la Administración Pública.

 

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