El Consejo Directivo del Registro único de víctimas y familiares de víctimas de El Mozote y lugares aledaños instaló este día la primera reunión de trabajo, luego de ser juramentado  por el presidente Salvador Sánchez Cerén el pasado 31 de enero.

El Consejo  está constituido por representantes del gobierno y de las víctimas, y tiene como finalidad administrar el Registro único de víctimas. El ejercicio define la población que deberá atenderse en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Iberoamericana de Derechos (CIDH), a través del Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños.

De acuerdo con Carlos Sáenz, representante de la Presidencia en la Comisión en su calidad de funcionario de la Secretaría Técnica y de Planificación, el proceso de documentar a las víctimas es complejo, debido a falta de registros legales de identidad de las víctimas; agregó que en muchos casos, los documentos que estaban en poder de las alcaldías fueron destruidos. Además,  murieron muchos niños y niñas muy pequeños, bebés que incluso no habían sido asentados, y  “esto está representando un reto de gran envergadura para el Estado”, señaló.

Como parte de este proceso que permitirá darle cumplimiento a la sentencia de la CIDH, todas las instancias relacionadas como gobiernos locales, Registro Nacional de las Personas Naturales, Procuraduría General de la República, Tribunales de justicia, la Dirección de Estadísticas y Censos, la Cancillería, y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, trabajan coordinadamente para agilizar el proceso de identificación legal de las víctimas.

“Estamos incluso valorando la necesidad, si a esa conclusión se llega, de pedir que la Asamblea Legislativa que apoye este proceso, aprobando un decreto especial que habilite recursos extraordinarios para poder resolver aquellos casos de identidad de personas que por las vías regulares (…), no podríamos resolverlo en el marco del plazo que la sentencia establece”,dijo, Carlos Sáenz. Enfatizó que la resolución de la CIDH compromete al Estado salvadoreño y esto incluye tanto a los órganos Judicial como Legislativo, no sólo al Ejecutivo.

El funcionario aclara que la sentencia de la Corte no ordena que se establezcan estos mecanismos institucionales; “esto es más bien una decisión que expresa un alto nivel de voluntad, compromiso y sensibilidad del presidente de la República y del Gobierno, para ir más allá de lo que la misma sentencia establece”, dijo.

Carlos Sáenz agregó que se quiere impulsar un proceso de resarcimiento integral, a fin de que este pueda servir de modelo para reparación de víctimas de casos de vulneraciones graves a derechos humanos en cualquier parte del país.

En cuanto a programa de desarrollo para resarcir a las víctimas, el representante de la Secretaría de Planificación reveló que este irá en dos vías: una relacionada con reparaciones individuales como las indemnizaciones y otra, las reparaciones colectivas que van en la línea de generar acciones de desarrollo integral como mejorar y recuperar la red vial, asegurar acceso a la energía eléctrica y agua potable, potenciar la red de servicios de educación y salud, el rescate de la memoria histórica y un programa de atención especializada para adultos mayores, ya que la muchas de las víctimas, a la fecha, están dentro de esa población.

Considera que este esfuerzo va más allá de cumplir con una sentencia, se trata de un compromiso ético y moral de hacer justicia en el sentido de reconocer la autoría del Estado en la vulneración de  derechos de la población. “En el caso de El Mozote, hay una condición muy especial porque quizás es, hasta ahora, el acto de violación de derechos humanos que afectó a más personas. Hasta al momento, hay más de mil personas que fueron asesinadas de manera atroz por fuerzas del Estado. Creo que es un tema que la sociedad también tiene que reflexionarlo. Es una de los propósitos del Gobierno que este sea un caso ejemplarizante, que siente un presente; no solo en reparar el daño, sino también reflexionar y hacer una recuperación correcta de la memoria histórica, para que cosas como esta nunca más vuelvan a ocurrir en nuestro país”, concluyó.

Dorila Márquez: “Esperamos que las familias sean reparadas”

María Dorila Márquez de Márquez, es una de las representantes de las víctimas en el Consejo Directivo del Registro único de víctimas y familiares de víctimas de El Mozote y lugares aledaños. Es, además, presidenta de la Asociación promotora de derechos humanos en El Mozote. Ella perdió a toda su familia en la masacre, la cual –según relata-,  vivió en carne propia: “oí, vi, olí el olor a cuerpos quemados, todavía me dan escalofríos, cuando me acuerdo (…), mi historia es muy grande y muy dolorosa”, lamenta.  La lista de víctimas de Dorila parece interminable… Ella los detalla uno a uno con sus nombres;  incluye a sus padres; sus hermanos, mayores y menores; todos sus sobrinos, incluso algunos recién nacidos y no nacidos; cuñados y cuñadas, toda su familia y la de su esposo también.

Dorila espera que las víctimas sean reparadas. “Hay muchas personas dolorosamente tristes. Están enfermas, algunos ancianos ya murieron sin ver nada de reparaciones, porque todo este tiempo se había estado ocultando, (diciendo) que no había existido masacre, que había sido fuego cruzado, que había sido la guerrilla. Y como les digo, yo no es que defienda a la guerrilla, pero la verdad que el  Atlacatl del Ejército salvadoreño fue que hizo estás masacres ¡tan terribles!,  injustamente. Porque yo les digo que el que andaba peleando sabía que moría o mataba, pero la gente que estaba en sus casas no tenía por qué morir”, sentenció.

9 de febrero de 2017

 

Consejo Del Registro único De Víctimas De El Mozote

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